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Los españoles han pagado un impuesto ilegal durante 10 años

28-02-2014

España ha pasado 10 años gravando a los contribuyentes con un impuesto ilegal. La justicia europea tumbó ayer el céntimo sanitario,un recargo al consumo de hidrocarburos aprobado en 2002 para financiar la sanidad. Tras varios años de recelos en Bruselas respecto a ese impuesto, el Tribunal Europeo de Justicia ha certificado su muerte. El gravamen era contrario al derecho comunitario y, por tanto, el Estado debe devolver las cantidades cobradas indebidamente. Entre 2002 y 2011, esta figura tributaria recaudó algo más de 13.000 millones de euros, aunque la cantidad que podrán recuperar los contribuyentes será muy inferior.

La sentencia explica con rotundidad por qué el tributo era ilegal. Pero, sobre todo, asesta un duro golpe a las autoridades españolas, al acusarlas de mala fe por mantener en vigor una figura que sabían que vulneraba las reglas comunitarias. Por ese motivo niegan al Gobierno español la petición que hizo al tribunal de limitar las consecuencias económicas de su fallo y abren la vía para que todo aquel que quiera reclamar las cantidades abonadas pueda obtenerlas. En la práctica, los requisitos exigidos ?básicamente, justificantes de pago como facturas? y las leyes tributarias, que solo permiten reclamar las deudas de los últimos cuatro ejercicios fiscales, limitarán mucho el alcance económico.

Las razones de la ilegalidad son sutiles. El consumo de gasolinas ya está gravado con un impuesto específico (el especial de hidrocarburos), por lo que solo es posible fijar un nuevo recargo si este persigue una finalidad específica. Aunque las comunidades autónomas (receptoras del impuesto) destinan la recaudación a fines sanitarios y medioambientales, el tribunal no considera que exista un vínculo suficiente entre el gravamen y la finalidad. Eso ocurriría, por ejemplo, si los rendimientos se hubieran utilizado ?obligatoriamente para reducir los costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de hidrocarburos?. No basta, por tanto, con una mera declaración genérica de que ese dinero sufraga la sanidad.

Pero la parte más dura de la sentencia deriva de la responsabilidad que atribuye a las administraciones en ese error tributario. Con el argumento de que esa devolución retroactiva de lo abonado ?pondría seriamente en peligro la financiación de la sanidad pública en las comunidades autónomas?, el Gobierno español había reclamado limitar en el tiempo los efectos de la sentencia. El tribunal se niega por un motivo fundamental: la ausencia de buena fe en las autoridades.

Tanto el Ejecutivo central como las comunidades que aplicaban el céntimo sanitario (todas menos Aragón, La Rioja y País Vasco, porque Canarias tiene un régimen fiscal diferente) debían conocer que en el año 2000 el tribunal con sede en Luxemburgo había anulado un gravamen muy similar a este. Además, la Comisión Europea inició en 2003 un procedimiento contra España por la aplicación del impuesto. ?En estas circunstancias, no puede admitirse que la Generalitat de Catalunya y el Gobierno español hayan actuado de buena fe al mantener [el gravamen] durante un periodo de más de 10 años?, concluye la sentencia.

El texto alude a Cataluña porque el origen de este fallo está en un transportista catalán, Jordi Besora, que reclamó ante la justicia ordinaria. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña apeló entonces al europeo para que decidiera sobre la legalidad de esa figura. La devolución afecta en primera instancia a Cataluña pero sus efectos se extienden al resto de comunidades.

Aunque el Gobierno ya esperaba un fallo así ?el abogado general del tribunal europeo se pronunció en contra del tributo el pasado octubre?, la sentencia cayó ayer como un golpe. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidió culpar al Ejecutivo comunitario. ?El Tribunal de la UE no está desautorizando al Gobierno español, sino a la Comisión Europa, que en su momento fue la que autorizó al Gobierno y a las comunidades para implantar ese sistema?, aseguró Montoro en los pasillos del Congreso. La propia sentencia desmiente esta acusación y deja claro que, ?contrariamente a lo que alegan? [Gobierno y Generalitat] Bruselas nunca confirmó a España la legalidad de esta figura.

Nadie se atreve a cuantificar hasta dónde puede llegar la devolución, aunque un portavoz de este ministerio subraya que en todo caso será muy inferior a los 13.000 millones recaudados en el periodo de vigencia del impuesto, una cantidad que equivale a lo que cuestan en un año las nóminas de todos los funcionarios de la Administración central. En 2012, el céntimo sanitario se reformuló para integrarlo en el impuesto especial de hidrocarburos, de manera que no incurre ya en el defecto de forma que ha censurado la justicia europea. Este portavoz añade que la devolución se estudiará caso por caso y previa reclamación en los tribunales, lo que implica aportar facturas.

Quienes sí han realizado una estimación aproximada han sido los transportistas, uno de los colectivos más afectados por el pago del impuesto y los que más demandas judiciales han presentado. Julio Villaescusa, presidente de la federación de transportistas (Fenadismer), calcula que este sector ha aportado a las arcas públicas unos 2.300 millones por ese tributo. Villaescusa celebra la sentencia y asegura que ya advirtió sobre la ilegalidad del tributo. ?Siempre les dijimos a las distintas administraciones que sería un problema, pero no hicieron los deberes?, explica en conversación telefónica. Esta patronal calcula que cada camión tiene derecho a reclamar una media de 16.000 euros (14.000 por autobús).

El del céntimo sanitario se suma a una serie de reveses que Bruselas ha asestado recientemente a España por aplicar mal las normas. En julio de 2013, la Comisión tumbó el modelo de deducciones fiscales a la construcción naval, lo que enfrentó a las autoridades españolas con Bruselas. Meses antes, el tribunal europeo había obligado al Gobierno a modificar la normativa de desahucios, por considerar que desprotegía al propietario.

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Maduro hace de Chávez, por ahora

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Es cierto: no tiene el carisma de su padre político Hugo Chávez y quizá tampoco concita en torno a sí la unanimidad de todo el chavismo. Pero nadie podrá negarle al presidente de Venezuela Nicolás Maduro que culmina 2013 mucho más fortalecido en lo político que como estaba a comienzos de año. Hoy tiene la fuerza para convocar a un diálogo condicionado con la oposición. La base de ese posible entendimiento será el programa de gobierno, llamado Plan de la Patria, escrito por el líder bolivariano en 2012, y que, según sus críticos, contradice a la Constitución.

Su actual situación es una suma de aciertos propios y errores de sus contrarios. Hoy, tras nueve meses en el poder, se permite no ya imitar sino hacer de Hugo Chávez. El diálogo implica la aceptación de un modelo que reduce la propiedad privada como motor de la economía mediante el desarrollo de empresas comunales de propiedad social, y avala la creación de las comunas, un ente de gobierno local controlado por el poder central, que resta competencias a las alcaldías y gobernaciones. Valga este otro ejemplo: el fin de semana pasado el jefe del Estado apareció en La Habana para conversar con los hermanos Castro. Fue una corta y no anunciada visita, no autorizada por la Asamblea Nacional, tal como las que solía hacer su predecesor. ?Tuvimos largos encuentros de conversación y trabajo con el comandante Fidel Castro?, agregó Maduro en su mensaje de vísperas de Navidad desde el palacio de Miraflores.

Más que un gesto que ratifique los estrechos lazos que Chávez forjó en vida con los Castro, la visita representa un hito personal para Maduro. El día de Navidad parecía como si el tiempo hubiera retrocedido a los meses previos del diagnóstico de la enfermedad de Chávez. Es esa sensación de que este Presidente tampoco tiene límites en el ejercicio del poder y que las formalidades son prescindibles.

Maduro había al menos disimulado el desprecio por los formalismos cuando su gobierno apenas se sostenía. En abril, tras una pírrica y cuestionada victoria sobre el abanderado opositor Henrique Capriles Radonski, había rebajado el perfil arrogante del movimiento que le apoya y tendió puentes con el sector privado en aras de encontrar soluciones al crónico desabastecimiento que azota a este país. Mientras tanto el pragmático ministro de Finanzas, Nelson Merentes, sugería una flexibilización del rígido control de cambio para oxigenar la economía. Incluso hubo un acercamiento con Estados Unidos en la Asamblea General de la OEA en Antigua celebrada en junio. Al día de hoy todos esos indicios lucieron como una manera de ganar tiempo mientras el reclamo en tribunales de la oposición, que considera que ganó los comicios, era desestimado por el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos 32 magistrados tienen como primera credencial su foja chavista. Tres meses después de su elección Maduro retomó la costumbre de gobernar a espaldas del país que se le oponía, que en ese entonces era de 49%.

El elevado gasto público es quizá la principal razón por la cual el chavismo mantiene tantas simpatías entre la mayoría de los venezolanos. Las constantes elecciones -19 en los últimos quince años- son la excusa para mantener el frenesí de repartir dinero a través de programas clientelares y mantener movilizada a la base afecta al proceso bolivariano. A pesar de todo esto Maduro comenzó un lento declive hasta el mes de noviembre. Las encuestas mostraban un rechazo a su gestión. La encuestadora Hinterlaces aseguraba que en su medición de octubre 69% de la población consideraba que el país no iba por buen camino. Los asesores oficialistas tomaron nota del declive. El 8 de noviembre Maduro dio un golpe en la mesa y ordenó la ocupación de la tienda de electrodomésticos Daka para confiscar y rematar su existencia a valores fijados por el gobierno. Fue el inicio de un plan ambicioso que pretende regular los precios de todos los bienes y servicios que se ofertan en el país, con el argumento de que los comerciantes especulan e inducen un incremento artificial de la inflación, que en un año alcanzó 54,3%. El margen máximo de ganancia aún no ha sido establecido de forma oficial, pero ronda el 30%.

Una medida como esta permitió a Maduro recuperar 12 puntos y coronar una victoria del Gran Polo Patriótico, la alianza de organizaciones oficialistas, en las elecciones municipales del 8 de diciembre. Pese a que la oposición avanzó conquistando importantes capitales de provincia y aumentó el número de alcaldes, la suma de los votos nacionales mostró una brecha similar a la última victoria obtenida por Hugo Chávez en octubre de 2012 (alrededor de 10 por ciento). La diferencia entre esas dos Venezuelas ha vuelto a manifestarse. Ni los sectores populares parecen dispuestos a pasar masivamente del lado de la oposición, ni las clases medias han logrado ser conquistadas por el chavismo.

La gran pregunta es si esa porción que hoy es mayoría circunstancial ya ha asumido como hoja de ruta el modelo propuesto por el gobierno. Maduro tiene el reto de lidiar con el negro vaticinio del corto plazo. La escasez, derivada de los controles de los precios de los alimentos e insumos básicos, la ineficiencia y la falta de recursos, amenaza con alcanzar niveles nunca antes vistos. El gobierno, que ha demostrado su ineficiencia como administrador, ahora asumirá la reposición de inventarios de muchos otros rubros porque el empresariado, temeroso de importar y vender por las regulaciones impuestas a la ganancia, ahora se mueve con más cautela. El fin de la resaca navideña marcará el inicio de una inédita etapa en la vida republicana de Venezuela.

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