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IU se querella contra Rato y 31 exconsejeros de Bankia por ?estafa?

15-04-2014

Los primeros fueron UPyD, después el sindicato Manos Limpias y ahora Izquierda Unida (IU), presenta querella contra todos los ex altos cargos de Bankia, entre ellos, su expresidente Rodrigo Rato y 31 exconsejeros. Mientras el actual presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, sigue adelante con su plan de saneamiento y su proyecto de convertir Bankia en un banco normalizado, sin ninguna de las rémoras del pasado ?entre ellas su control por políticos? el pasado no se cierra.

?Ha habido estafa en la fusión, en la salida a bolsa, además de la emisión de participaciones preferentes que fue una fórmula para ocultar su situación de insolvencia?. Estas son algunas de las razones que ha dado el coordinador general de IU, Cayo Lara, al anunciar la querella interpuesta en la Audiencia Nacional. ?Ha habido un plan de engaño y estafa al Estado y a los ciudadanos?, ha acusado Lara.

Al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, le ha llegado el 14 de abril otra querella sobre Bankia a sumar a la que le presentó UPyD en 2012. En este caso, IU pide el embargo de los bienes de los exconsejeros por un valor de 24.000 millones euros. Esta cantidad es la que recibió Bankia en su rescate de 2012, ha aclarado Enrique Santiago, que ha comparecido junto al coordinador general de IU.

No hay mucha diferencia en las causas que los querellados arguyen en su escrito. Se trata de delitos por estafa, falseamiento de información, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida, delito contable por falseamiento de cuentas y administración desleal. Estos delitos llevan aparejadas penas de cárcel entre 3 y 6 años. Estos delitos han sido traducidos por Cayo Lara en ?estafa al Estado y a los ciudadanos?. Sus autores serían todos los consejeros de la época, incluidos sus presidentes Rodrigo Rato, su vicepresidente, José Luis Olivas pero también un representado de Izquierda Unida, José Antonio Moral Santín. También el exministro del PP Ángel Acebes.

La vía de los tribunales sobre Bankia sigue su camino, primero por UPyD y ahora por IU, toda vez que las políticas han fracasado. El Grupo Socialista no ha ido a los tribunales, pero sí presentó la creación de una comisión de investigación que fue rechazada por el PP. También IU lo intentó pero con una concepción más amplia ya que pretendió que se investigara la gestión de todos los bancos rescatados. Desde el PP se arremetió especialmente contra el PSOE cuando presentó el pasado año la petición de que se investigara a Bankia. "¿Me quieren decir que en la salida a bolsa de Bankia el presidente Zapatero o Elena Salgado no se implicaron?", argumentó el portavoz económico del PP, Vicente Martínez Pujalte. Los socialistas tuvieron un debate interno de bastante intensidad antes de plantear que en el Congreso se explicara todo el proceso de Bankia al ser conscientes de que podría afectarles en la decisión de que saliera a Bolsa, lo que fue un auténtico fracaso. Al final, optaron por asumir ese riesgo, aunque no se ha concretado en nada porque el PP lo impidió. Así que la investigación de Bankia está en manos de los tribunales por la vía penal.

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Alaya impone una fianza civil de 29,5 millones a Magdalena Álvarez

13-03-2014

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, responsabiliza a Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía, exministra y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por las ayudas concedidas entre 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2003 con cargo a la partida de la Junta de Andalucía investigada por la magistrada y que considera origen de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo. Por esta razón ha impuesto a Álvarez una fianza civil de 29.568.129 euros, nueve meses después de su imputación en el caso. También fija la responsabilidad de su exviceconsejero José Salgueiro en 22 millones y la del secretario general y coordinador de presupuestos Antonio Estepa en ocho millones.

La dureza de este auto de Alaya no tiene precedentes en los tres años de investigación, ya que incluye una frase que avanza una supuesta condena para reforzar la carga incriminatoria que le achaca a Álvarez y sus dos antiguos subordinados, un paso inédito en la prosa de la juez. "Cabe deducir la probabilidad cierta de que pudieran ser condenados en un futuro por los hechos que hoy se investigan", reza el auto de ayer.

La exministra socialista recuerda que ha recurrido a la Audiencia de Sevilla el último auto por el que resultó imputada, y que podría anular las acusaciones de la magistrada. "Estoy a la espera del auto de la Audiencia y recurriré la fianza", avanzó desde Luxemburgo. 

Con la fianza civil, Alaya estima que Magdalena Álvarez es responsable del sistema de ayudas, que la juez considera ilegal y creado para evitar los controles de la Intervención General. Álvarez fue consejera andaluza de Economía desde 1994 hasta 2004, pero su responsabilidad se limitaría a tres de los 11 años que investiga la magistrada (2000-2010) y durante los que se concedieron ayudas.

La juez imputa a Álvarez por malversación y prevaricación, cargos que la exministra ya negó el pasado 8 de octubre a la magistrada, ante quien defendió que no conoció los ?reparos? de la Intervención General de la Junta andaluza sobre el procedimiento de concesión de ayudas.

Días antes, la Audiencia de Sevilla había anulado la primera imputación de la exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Hacienda, Magdalena Álvarez, al considerar que la acusación no estaba suficientemente argumentada.

La petición de fianza de Alaya se produce pese a que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta de Andalucía pidieron medidas reales contra ella. La acusación ejercida por el PP dejó que la juez determine la fianza real y la organización Manos Limpias pidió 125 millones más el tercio legal por responsabilidad civil.

Alaya considera a la exministra ?una de las promotoras, en connivencia con otros? del sistema de pagos de los ERE: las transferencias de financiación, un procedimiento de concesión de ayudas con cargo a una partida presupuestaria que, según la magistrada, carecía de control y favorecía su entrega discrecional. Esta partida llegó a sumar 721 millones, de los que la investigación considera que se defraudaron fondos públicos por unos 136 millones.

Empleo era responsable del uso del fondo, por lo que también están imputados los exconsejeros Antonio Fernández y su antecesor y diputado José Antonio Viera. No obstante, la juez atribuye a  Álvarez haber eludido ?los férreos requisitos legales de tramitación y fiscalización? establecidos para las subvenciones ?puesta de acuerdo con otros (...) y a sabiendas de su absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca?. Del mismo modo, también atribuye a la exministra haber autorizado siete modificaciones presupuestarias por importe de 93 millones y otras cinco por 32 millones.

En la rama política-financiera del caso, la juez ha señalado en sus autos a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a cinco exconsejeros, todos ellos aforados, como responsables del diseño del fondo de los ERE. Alaya debe enviar esta parte de la causa al Tribunal Supremo, pero a pesar de los reparos de la Audiencia, la juez maneja sus tiempos y sigue tomando declaración a los 20 ex altos cargos de la Junta imputados para afinar sus tesis incriminatorias antes del envío parcial del caso al alto tribunal.

La exministra, aunque defendió que debería haberse usado la figura administrativa de la encomienda de gestión para las ayudas, defendió las transferencias de financiación -?pueden destinarse a financiar operaciones con un fin concreto y específico como son las subvenciones?, argumentó- y se desvinculó de las ayudas que otorgó Empleo y que consideró mal gestionadas. "Desconocía que, por parte de la Junta, se financiaran pagos de pólizas. En ningún momento tuve información de los hechos que se están investigando porque no tuve acceso desde el punto de vista temporal. Es evidente porque me marché en 2004 [de la Consejería de Hacienda]. Yo no aprobaba los presupuestos sino que los aprobaba el Parlamento?, declaró ante la juez en octubre.

Sin embargo, Alaya insiste en que la consejera pudo haber ?dado instrucciones? o ?conocer, al menos? que se alteraba el presupuesto para modificar la partida de la que salían las ayudas, algo que la exministra negó. 

Los españoles han pagado un impuesto ilegal durante 10 años

28-02-2014

España ha pasado 10 años gravando a los contribuyentes con un impuesto ilegal. La justicia europea tumbó ayer el céntimo sanitario,un recargo al consumo de hidrocarburos aprobado en 2002 para financiar la sanidad. Tras varios años de recelos en Bruselas respecto a ese impuesto, el Tribunal Europeo de Justicia ha certificado su muerte. El gravamen era contrario al derecho comunitario y, por tanto, el Estado debe devolver las cantidades cobradas indebidamente. Entre 2002 y 2011, esta figura tributaria recaudó algo más de 13.000 millones de euros, aunque la cantidad que podrán recuperar los contribuyentes será muy inferior.

La sentencia explica con rotundidad por qué el tributo era ilegal. Pero, sobre todo, asesta un duro golpe a las autoridades españolas, al acusarlas de mala fe por mantener en vigor una figura que sabían que vulneraba las reglas comunitarias. Por ese motivo niegan al Gobierno español la petición que hizo al tribunal de limitar las consecuencias económicas de su fallo y abren la vía para que todo aquel que quiera reclamar las cantidades abonadas pueda obtenerlas. En la práctica, los requisitos exigidos ?básicamente, justificantes de pago como facturas? y las leyes tributarias, que solo permiten reclamar las deudas de los últimos cuatro ejercicios fiscales, limitarán mucho el alcance económico.

Las razones de la ilegalidad son sutiles. El consumo de gasolinas ya está gravado con un impuesto específico (el especial de hidrocarburos), por lo que solo es posible fijar un nuevo recargo si este persigue una finalidad específica. Aunque las comunidades autónomas (receptoras del impuesto) destinan la recaudación a fines sanitarios y medioambientales, el tribunal no considera que exista un vínculo suficiente entre el gravamen y la finalidad. Eso ocurriría, por ejemplo, si los rendimientos se hubieran utilizado ?obligatoriamente para reducir los costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de hidrocarburos?. No basta, por tanto, con una mera declaración genérica de que ese dinero sufraga la sanidad.

Pero la parte más dura de la sentencia deriva de la responsabilidad que atribuye a las administraciones en ese error tributario. Con el argumento de que esa devolución retroactiva de lo abonado ?pondría seriamente en peligro la financiación de la sanidad pública en las comunidades autónomas?, el Gobierno español había reclamado limitar en el tiempo los efectos de la sentencia. El tribunal se niega por un motivo fundamental: la ausencia de buena fe en las autoridades.

Tanto el Ejecutivo central como las comunidades que aplicaban el céntimo sanitario (todas menos Aragón, La Rioja y País Vasco, porque Canarias tiene un régimen fiscal diferente) debían conocer que en el año 2000 el tribunal con sede en Luxemburgo había anulado un gravamen muy similar a este. Además, la Comisión Europea inició en 2003 un procedimiento contra España por la aplicación del impuesto. ?En estas circunstancias, no puede admitirse que la Generalitat de Catalunya y el Gobierno español hayan actuado de buena fe al mantener [el gravamen] durante un periodo de más de 10 años?, concluye la sentencia.

El texto alude a Cataluña porque el origen de este fallo está en un transportista catalán, Jordi Besora, que reclamó ante la justicia ordinaria. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña apeló entonces al europeo para que decidiera sobre la legalidad de esa figura. La devolución afecta en primera instancia a Cataluña pero sus efectos se extienden al resto de comunidades.

Aunque el Gobierno ya esperaba un fallo así ?el abogado general del tribunal europeo se pronunció en contra del tributo el pasado octubre?, la sentencia cayó ayer como un golpe. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidió culpar al Ejecutivo comunitario. ?El Tribunal de la UE no está desautorizando al Gobierno español, sino a la Comisión Europa, que en su momento fue la que autorizó al Gobierno y a las comunidades para implantar ese sistema?, aseguró Montoro en los pasillos del Congreso. La propia sentencia desmiente esta acusación y deja claro que, ?contrariamente a lo que alegan? [Gobierno y Generalitat] Bruselas nunca confirmó a España la legalidad de esta figura.

Nadie se atreve a cuantificar hasta dónde puede llegar la devolución, aunque un portavoz de este ministerio subraya que en todo caso será muy inferior a los 13.000 millones recaudados en el periodo de vigencia del impuesto, una cantidad que equivale a lo que cuestan en un año las nóminas de todos los funcionarios de la Administración central. En 2012, el céntimo sanitario se reformuló para integrarlo en el impuesto especial de hidrocarburos, de manera que no incurre ya en el defecto de forma que ha censurado la justicia europea. Este portavoz añade que la devolución se estudiará caso por caso y previa reclamación en los tribunales, lo que implica aportar facturas.

Quienes sí han realizado una estimación aproximada han sido los transportistas, uno de los colectivos más afectados por el pago del impuesto y los que más demandas judiciales han presentado. Julio Villaescusa, presidente de la federación de transportistas (Fenadismer), calcula que este sector ha aportado a las arcas públicas unos 2.300 millones por ese tributo. Villaescusa celebra la sentencia y asegura que ya advirtió sobre la ilegalidad del tributo. ?Siempre les dijimos a las distintas administraciones que sería un problema, pero no hicieron los deberes?, explica en conversación telefónica. Esta patronal calcula que cada camión tiene derecho a reclamar una media de 16.000 euros (14.000 por autobús).

El del céntimo sanitario se suma a una serie de reveses que Bruselas ha asestado recientemente a España por aplicar mal las normas. En julio de 2013, la Comisión tumbó el modelo de deducciones fiscales a la construcción naval, lo que enfrentó a las autoridades españolas con Bruselas. Meses antes, el tribunal europeo había obligado al Gobierno a modificar la normativa de desahucios, por considerar que desprotegía al propietario.

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